Cuando se habla de la política exterior como política de Estado, se supone la existencia de un consenso sobre la prioridad asignada a determinados objetivos y principios que rigen el actuar de un país en el exterior.
Este consenso no explicitado, pero que no pocas veces sirve para dar la idea ante la opinión pública de solidez y atemporalidad en la toma de decisiones, no sería más que el predominio de un discurso coyuntural, de contenido cambiante. Su carácter permanente sería solo una ilusión.
En la actualidad, esta narrativa, que enfatiza el carácter consensual en contraposición con el debate de política interna, se construye sobre la base de una sobreposición de múltiples discursos, no jerarquizados entre ellos y de contenido difuso, tales como el de la preservación de la integridad territorial, la integración latinoamericana, la libertad comercial, la defensa de la democracia y los derechos humanos, etc, dando por resultado solo una apariencia de política exterior de Estado.
Resulta interesante analizar el amplio espacio de maniobra que se genera en autoridades de distinto signo político cuando estos conceptos, si bien aceptados implícitamente por la mayoría de la opinión pública y que constituyen el “core” de la mencionada política de Estado, no son claramente priorizados ni leídos homogéneamente por distintos sectores de la población.
Así, entonces, no es lo mismo otorgar a la relación comercial un lugar de privilegio por sobre la construcción de vínculos políticos en el ámbito regional, que subordinar la primera a la relación política, aunque en ambos casos podríamos estar simultáneamente fomentando dos principios básicos de nuestra política exterior como son la integración regional y la libertad comercial. Este análisis puede extenderse a otros temas tales como derechos humanos, democracia, migraciones etc.
Por ello, en mi opinión resulta fundamental que la política exterior, y particularmente sus prioridades y objetivos, estén claramente delineados y explicitados. La política exterior de un país debe ser el resultado de un debate en el que participen la totalidad de los actores sociales y sea reflejo, al mismo tiempo, de un proyecto nacional de desarrollo.
No basta para la existencia de una política de Estado que haya un consenso tácito sobre los temas que la constituyen, sino que se hace necesario que también se genere un debate sobre las prioridades que a cada uno de ellas debe asignarse y sobre su contenido específico. Así también, el elemento democrático de su configuración resulta central para su aceptación y legitimación.
Estimo que sería importante avanzar en la discusión de un libro de política exterior que asigne a la Cancillería y a todos los actores que participan en la ejecución de la política exterior objetivos y prioridades que se inserten en un plan nacional de desarrollo, que prospecte escenarios, y analice oportunidades y riesgos para nuestro país en el mediano y largo plazo. Esta es una tarea pendiente en la que se requiere del concurso de la totalidad de la sociedad y cuyo resultado ayudará a construir las bases de una real política de Estado en materia de política exterior.
Claudio Garrido Melo
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